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Uruguay

 

Hoenir Sarthou

 

Perdí la cuenta de las veces en que, en las últimas semanas, una tormenta pareció a punto de desplomarse sobre el mundo. El cielo se oscurece, se levanta viento, la humedad pesa en los huesos. Pero, repentina y milagrosamente, la tormenta se disipa. El cielo vuelve a brillar, celeste inmaculado, y el calor a cocinarnos la piel y los sesos. Una y otra vez.
En el campo, como es lógico, se percibió mucho antes. Meses, y en algunos lugares incluso años, sin llover como es debido. Cosechas en riesgo o perdidas, animales enflaquecidos, con poca agua y sin comida. Todos sabemos, o deberíamos saber, que no es un problema sólo del campo. La pérdida de cosechas y de carne redunda en escasez de alimentos y aumento de precios para todos.
Ahora la sequía llegó a las ciudades y todos tenemos miedo. Hay localidades, incluida Montevideo, en que las reservas de agua alcanzan para pocas semanas, incluso restringiendo los usos innecesarios, como lo ha planteado ya la OSE.
Les propongo un ejercicio. Busquen en Google, o en cualquier otro buscador de internet, por los términos “sequía mundo 2023”. Verán cosas extrañas.
Por ejemplo, que una situación mundial de sequía crónica, junto con otros desastres climáticos, venía siendo anunciada desde hace años.
Ahora, el Banco Mundial declaró formalmente que existe una crisis hídrica mundial y que para 2030 (fecha recurrente) se espera que el agua potable disponible sea un 40% menos de la requerida para cubrir las necesidades de la Humanidad.
Se podría creer que el Uruguay, instalado sobre dos acuíferos y con ríos, arroyos y lagunas por todos lados, no padecería el problema como lo sufren poblaciones de Africa y Asia.
Eso, en un mundo sediento, en el que el agua cotiza en bolsa, podría ser una fortuna incalculable. Algo así como estar parados sobre yacimientos de oro o de petróleo. Aunque todos sabemos cómo les va a los que están parados sobre oro o petróleo.
Pero Uruguay se ha empeñado (en el doble sentido de la palabra) en maltratar y regalar el que probablemente sea su recurso más valioso.
Plantaciones incontroladas, sobre todo de soja, han hecho que los abonos y los productos químicos invadan las corrientes de agua, las contaminen y las llenen de cianobacterias.
Por otro lado, basta recorrer casi cualquier carretera para ver las enormes filas de eucaliptus, plantados para el uso de empresas pasteras, como UPM y Montes del Plata.
Los eucaliptus “chupan” agua en forma asombrosa. Me baso en la experiencia concreta de productores rurales vecinos a las plantaciones. Su testimonio unánime es que los dejan sin agua, reducen el flujo de ríos y arroyos, secan los pozos y los tajamares. Al principio, algunos técnicos lo negaban, decían que no era cierto que los árboles dejaran sin agua a la zona. Claro, muchos técnicos trabajan para UPM o para Montes del Plata. Pero ahora la verdad es tan evidente que se han callado.
Hay muchos millones de eucaliptus plantados en nuestro territorio. Porque desde 1987 la forestación se volvió una política nacional (“nacional” porque se aplica en el país, no porque haya sido resuelta en nuestro país).
Por si eso fuera poco, las empresas pasteras tienen carta blanca para usar gratuita e ilimitadamente el agua de los ríos Uruguay y Negro. En el caso del Río Negro, estamos obligados además a asegurarle a UPM2 un flujo de agua mínimo, que le permita seguir produciendo celulosa y diluyendo sus deshechos, en zona franca, sin pagar impuestos ni, por supuesto, el agua que consume.
De modo que la situación actual es así. Las cosechas están sin agua y los animales sin agua ni comida. Los uruguayos estamos conminados por OSE a restringir el consumo. Pero las empresas pasteras tienen el agua asegurada y sus árboles continúan sorbiendo la de nuestro suelo y subsuelo.
¿Saben que eso, además de una locura, es inconstitucional?
El artículo 47 de la Constitución establece que la prioridad en el uso del agua es el suministro de agua potable y de saneamiento a las poblaciones. Pero contratos como el de UPM2 invierten las prioridades. Uruguay se obliga a garantizar el flujo que necesita la empresa, pase lo que pase.
Un dato más. ¿Saben quién prestó el dinero para subvencionar la plantación de eucaliptus desde 1987, no sólo aquí sino en una región que comprende partes de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay?
Sí, el Banco Mundial. El mismo que ahora proclama la crisis hídrica.
¿Y saben de quién dependen los tribunales internacionales a los que tendríamos que ir en caso de juicio con UPM?
Sí, acertaron, del Banco Mundial.
La tesis del Banco Mundial es que lo que nos lleva a la crisis hídrica es, por un lado, el cambio climático (¡faltaba más!), y, por otro, un problema de “almacenamiento”.
Sí, leyeron bien. “Almacenamiento”. Se preguntarán qué significa eso. Traducido, de la jerga eufemística de los organismos internacionales al criollo, significa que los gobiernos no cuidan ni administran bien el recurso, por lo que falta en los períodos críticos.
Uno se pregunta quién y dónde “almacenaría” los enormes volúmenes de agua requeridos para atender las necesidades de la Humanidad.
El Banco Mundial no lo dice claramente todavía. Pero es obvio que, si yo acuso a quien administra un recurso valioso de administrarlo mal, estoy sugiriendo un cambio de administración, o al menos que alguien intervenga para supervisar esa administración, que obviamente no se hará en “almacenes” sino mediante el control de las fuentes naturales de agua.
Desde hace mucho tiempo, grandes corporaciones están empeñadas en hacerse con el control del agua. Por eso no causa sorpresa que el Banco Mundial, invocando la sequía, abra camino para una forma distinta de “almacenar-administrar” el recurso.
Recapitulando: el Banco Mundial promovió y financió, al menos en nuestra región, una política forestal claramente reñida con la conservación del agua. Luego se convirtió en una especie de tribunal-niñera de las empresas forestales, que vienen a recoger al agua contenida en los troncos y a usar la de los ríos para convertirla en celulosa. Y, por último, pone el grito en el cielo por la falta de “almacenamiento” y cuidado del agua. Sólo falta que nos diga exactamente cómo debemos “almacenarla” y administrarla. Pero ya lo hará, no lo duden. Muy loco, ¿no?
En suma, nos encontramos ante una disyuntiva clara. No sabemos con exactitud las causas ni la duración de la sequía. Tampoco podemos controlar esos factores.
Lo que sí podemos hacer es algo que rompe los ojos: una política nacional de aguas. Es decir, marcar prioridades y poner fin al saqueo incontrolado que realizan las empresas forestales y al daño que producen ciertas formas de cultivo.
Me dirán que eso contradice a los contratos firmados con las pasteras. Y es verdad. Esos contratos leoninos e inconstitucionales nunca debieron firmarse. Por eso se firmaron en secreto.
Hoy, recién, vemos con claridad que no pueden cumplirse sin sacrificar cosas absolutamente valiosas, como nuestra salud, nuestra riqueza y nuestra soberanía.
Me perdonarán que les recuerde, una vez más, que la reforma constitucional “Uruguay Soberano” dispone precisamente la nulidad de esa clase de contratos. Firmar para que se apruebe es nuestra decisión.

Artículo publicado anteriormente en Semanario Voces